ANTONIO PAPELL Esta visita del Papa a España, tercera de Benedicto XVI, está teniendo una inusual repercusión política, probablemente porque el país mismo está en estado de agitación. El hecho es que el debate ha subido de tono y que el pasado miércoles hubo incidentes en Madrid, al producirse enfrentamientos entre manifestantes partidarios de la laicidad del Estado y peregrinos llegados a nuestro país para participar en la Jornada Mundial de la Juventud.
La razón de que esta vez haya subido la tensión social es probablemente compleja, y tiene que ver sin duda con la propia crisis, que ha generado desazón en la ciudadanía, hasta el extremo de haber surgido el movimiento del 15M, que, aunque no ha tenido que ver directamente con la oposición al viaje, sí ha estado presente en las movilizaciones. La agitación preexistente ha despertado el león dormido del anticlericalismo, que es la contrapartida espontánea a un dilatado y conflictivo período histórico de potente implicación de la Iglesia en la vida política de este país, que arrancó al fracasar aquí la Reforma. No se puede ocultar la alianza entre el trono, la espada y la cruz que en cierta manera pervivió desde el Antiguo Régimen hasta la dictadura de Franco.
Dicho esto, es necesario puntualizar que la democracia constitucional exige tanto acentuar el laicismo del Estado cuanto despojarlo absolutamente de anticlericalismo. El Estado, que ha de acoger a todos, ha de ser aconfesional y fundarse sobre el concepto de soberanía, que decanta mediante el sufragio universal. Eso significa que ninguna confesión puede adueñarse de las instituciones, si bien está en su perfecto derecho de existir, de hacer proselitismo, de exhibir su credo y de manifestarse, con arreglo a las leyes vigentes. La laicidad del Estado representa, pues, que las religiones pertenecen al ámbito privado de las personas porque lo público ha de mantenerse exquisitamente neutral. Ayer, Benedicto XVI negó expresamente el confinamiento de la Iglesia al ámbito privado: en este punto puede hallarse la fuente de conflicto.
Todo esto no tendría por qué generar problemas insolubles si cada cual se atuviera a su papel según la conocida máxima evangélica: al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Sin embargo, la iglesia contemporánea española ha sido muy beligerante en política: no sólo ha dictado legítimamente su ley moral a quienes la acatan voluntariamente sino que ha pretendido imponerla a todos elevándola a ley civil. Y eso no es admisible: las leyes emanan de la soberanía popular y las iglesias, como grupos de presión que son, pueden influir en la labor legislativa actuando sobre la opinión pública pero en modo alguno presionar para que las esferas civiles se plieguen al dictado confesional.
Así las cosas, la manifestación del miércoles, cuyos convocantes tenían magníficas intenciones si hay que juzgarlos por sus declaraciones previas a la marcha, se descontroló porque afloró el viejo memorial de agravios de ciertos sectores postergados por el credo católico. Y hay que censurar absolutamente los excesos de los manifestantes, como por cierto han hecho abochornados los medios progresistas de este país. El futuro no puede pasar por alimentar estas rivalidades historicistas sino por impulsar nuevos y más profundos diálogos democráticos en los que creyentes y no creyentes relativicen su posición y accedan a conceder al adversario la posibilidad de tener razón.
Fuente: diariodemallorca.es
La razón de que esta vez haya subido la tensión social es probablemente compleja, y tiene que ver sin duda con la propia crisis, que ha generado desazón en la ciudadanía, hasta el extremo de haber surgido el movimiento del 15M, que, aunque no ha tenido que ver directamente con la oposición al viaje, sí ha estado presente en las movilizaciones. La agitación preexistente ha despertado el león dormido del anticlericalismo, que es la contrapartida espontánea a un dilatado y conflictivo período histórico de potente implicación de la Iglesia en la vida política de este país, que arrancó al fracasar aquí la Reforma. No se puede ocultar la alianza entre el trono, la espada y la cruz que en cierta manera pervivió desde el Antiguo Régimen hasta la dictadura de Franco.
Dicho esto, es necesario puntualizar que la democracia constitucional exige tanto acentuar el laicismo del Estado cuanto despojarlo absolutamente de anticlericalismo. El Estado, que ha de acoger a todos, ha de ser aconfesional y fundarse sobre el concepto de soberanía, que decanta mediante el sufragio universal. Eso significa que ninguna confesión puede adueñarse de las instituciones, si bien está en su perfecto derecho de existir, de hacer proselitismo, de exhibir su credo y de manifestarse, con arreglo a las leyes vigentes. La laicidad del Estado representa, pues, que las religiones pertenecen al ámbito privado de las personas porque lo público ha de mantenerse exquisitamente neutral. Ayer, Benedicto XVI negó expresamente el confinamiento de la Iglesia al ámbito privado: en este punto puede hallarse la fuente de conflicto.
Todo esto no tendría por qué generar problemas insolubles si cada cual se atuviera a su papel según la conocida máxima evangélica: al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Sin embargo, la iglesia contemporánea española ha sido muy beligerante en política: no sólo ha dictado legítimamente su ley moral a quienes la acatan voluntariamente sino que ha pretendido imponerla a todos elevándola a ley civil. Y eso no es admisible: las leyes emanan de la soberanía popular y las iglesias, como grupos de presión que son, pueden influir en la labor legislativa actuando sobre la opinión pública pero en modo alguno presionar para que las esferas civiles se plieguen al dictado confesional.
Así las cosas, la manifestación del miércoles, cuyos convocantes tenían magníficas intenciones si hay que juzgarlos por sus declaraciones previas a la marcha, se descontroló porque afloró el viejo memorial de agravios de ciertos sectores postergados por el credo católico. Y hay que censurar absolutamente los excesos de los manifestantes, como por cierto han hecho abochornados los medios progresistas de este país. El futuro no puede pasar por alimentar estas rivalidades historicistas sino por impulsar nuevos y más profundos diálogos democráticos en los que creyentes y no creyentes relativicen su posición y accedan a conceder al adversario la posibilidad de tener razón.
Fuente: diariodemallorca.es
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