OPINIÓN ARTICULOS
28.08.11 - 02:36 -
A finales de octubre del presente año entrará en vigor la Ley de acceso a profesiones jurídicas, que contempla la nueva obligación de superar un master y un examen a los licenciados en Derecho que quieran dedicarse al ejercicio profesional, ya sea como procurador o abogado.
Las facultades de Derecho españolas hemos emprendido a lo largo del muy extenso proceso de su puesta en marcha un conjunto de iniciativas que facilitaran a nuestros alumnos el tránsito a este nuevo panorama. Incluso hemos llegado al punto de hacer convocatorias extraordinarias para que puedan colegiarse a tiempo según el antiguo sistema.
La manera casi abrupta en que la implantación del nuevo régimen puede perjudicar a nuestros estudiantes se ha tratado de paliar asimismo con sesiones informativas que intentan explicar un conjunto de medidas que han contado con nuestra oposición de las universidades no pocas veces. El diálogo que a la postre se ha impuesto entre las instituciones afectadas puedo afirmar que ha rebajado en algunos aspectos una exigencias que podían ser hasta lacerantes.
La exigencia de un master profesionalizante a mi juicio resulta un acierto. En el plan de Bolonia la existencia del postgrado supone la culminación en las tareas formativas que la universidad proporciona, doctorado aparte. Reducidos los grados a cuatro años, establecer la práctica normalidad de un master no constituye una exigencia desproporcionada, sino que incluso permite asumir retos en la enseñanza superior que no podemos desconocer. Estamos a las puertas de una oportunidad para el establecimiento en Asturias de un master profesional que fructifique gracias a la deseable colaboración intensa entre todos los colegios profesionales con la Universidad. Este panorama de formación práctica con altos niveles de rigor científico y destinado al ejercicio profesional dibuja el escenario por el que suspira el Espacio Europeo de Educación Superior.
Existe dentro del ámbito de nuestra comunidad autónoma un curso de referencia nacional para la preparación del MIR, de iniciativa privada. Yo me pregunto si las instituciones públicas afectadas no sabremos estar a la altura de las circunstancias para establecer un instrumento que también logre análogas cotas de excelencia y éxito en el campo del ejercicio libre de la profesión jurídica. Constituye una ocasión irrepetible para que nuestro esfuerzo común se mida en términos de servicio público cifrado en la defensa jurídica.
La Facultad de Derecho no representa solo un centro de formación de abogados y procuradores, sino de juristas en general. Muchos de nuestros egresados no eligen el foro para desarrollar sus funciones. Podría incluso decirse que no queremos ni podemos asumir este cometido único, por parcial y específico. Ello no significa, sin embargo, que permanezcamos al margen del asunto, ni mucho menos. Por eso, tanto la ley como el reglamento de su desarrollo contempla que sean postgrados oficiales, con paritaria intervención de académicos y ejercientes, los que habiliten para presentarse al examen nacional. Esta doble exigencia me resulta incómoda y creo que hubiera bastado con su planteamiento alternativo, pero es el sistema que se ha elegido.
Igualmente dicha novedad lleva camino de imponer el esquema del postgrado en Derecho con carácter generalizado. Nadie puede imaginarse que los abogados y procuradores necesiten para el desarrollo de sus funciones un nivel académico superior al de los jueces y fiscales. Por eso, el Consejo General del Poder Judicial ha emprendido un estudio que se plasma en la propuesta de requerir a los candidatos también un master universitario. Con ello a su vez encara modificar profundamente la fórmula de oposiciones clásicas, que se ven superadas claramente por la realidad y constituyen, cada día de forma más evidente, un procedimiento exclusivo de selección caduco e insostenible. A este carro me permito suponer que pronto se sumarán otros prestigiosos sectores de la práctica jurídica y ya se anuncia para el acceso a los niveles superiores de las administraciones públicas.
El nuevo Gobierno del Principado tampoco debería quedar al margen del proceso. Puede garantizar mediante su mediación y apoyo el éxito de la iniciativa, que a buen seguro redundará en el mejor servicio de las instituciones a los ciudadanos. Unos como garantes de la recta impartición de la justicia y otros en cuanto destinatarios del instrumento.
Fuente: ELCOMERCIO.es
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