Vivienda, crédito, hipoteca y quiebra.
El acuerdo no incluye saldar la deuda con la entrega de la vivienda
PSOE, PP y CiU pactan elevar desde el 50 % el porcentaje de valoración de los inmuebles embargados no subastados
Redacción, 30 de junio de 2011 a las 19:14
No contempla la posibilidad de que la entrega de la vivienda sirva para saldar una deuda hipotecaria en su totalidad, la llamada "dación en pago"
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El Congreso ha aprobado este 30 de junio de 2011 dar mayor protección a los hipotecados al elevar el sueldo no embargable por impago hipotecario, así como el actual porcentaje de valoración de los inmuebles embargados que no se subastan, que está al 50%.
Los afectados por embargo podrán así cancelar una mayor cantidad de su deuda con el banco una vez que se eleve el porcentaje "vergonzante" establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en palabras de Pere Macias, diputado de CiU encargado de anunciar el acuerdo.
El texto pide también acelerar la introducción de las subastas judiciales electrónicas, que complementen las presenciales con pujas a través de Internet "con el objetivo de aumentar el número potencial de licitadores, y por tanto las posibilidades de que la subasta no quede desierta".
No obstante, no contempla la posibilidad de que la entrega de la vivienda sirva para saldar una deuda hipotecaria en su totalidad, la llamada "dación en pago", como proponían CiU (a través de incentivos fiscales), IU-ICV-ERC y BNG.
La enmienda transaccional consecuencia del debate sobre el estado de la nación también insta al Gobierno a supervisar las condiciones para la concesión de créditos para evitar cláusulas abusivas, como las cláusulas suelo, que marca el interés mínimo que debe pagar el hipotecado incluso si el euríbor se sitúa por debajo.
Asimismo, propone el desarrollo de sistemas de mediación para que se puedan conceder créditos "con la única garantía del principio del bien hipotecado", en aplicación del artículo 140 de la ley hipotecaria, así como redefinir la línea ICO para moratoria de hipotecas.
Se eleva así la cantidad no embargable en estos procesos a 961 euros, es decir, sumando un 50 % al salario mínimo interprofesional (SMI), que es de 641 euros.
Este importe se incrementará un 30 % adicional del SMI por cada miembro del grupo que no disponga de ingresos propios regulares, lo que significaría que en el caso de que haya dos miembros en esta situación la cantidad ascendería a 1.350 euros.
La PAH considera que el aumento de la inembargabilidad del salario es "como querer parar una hemorragia aplicando una simple tirita". Adriá Alemany, economista y miembro de la Plataforma, explica que la medida es "insuficiente porque se continúa condenando de por vida a una persona, que después de la ejecución tiene que seguir pagando" por una vivienda que ya no le pertenece.
Como detalla este técnico financiero, la propuesta no resuelve el problema de los avalistas, que deben responder con sus propias viviendas a la deuda del hipotecado, ni el de las viviendas que se quedan vacías, ni el estigma sobre las familias con concidión de morosos, que permanece e impide el acceso a créditos o a contratos de alquiler.
Alemany critica el doble rasero que se emplea con las deudas de las familias y la de las empresas inmobiliarias. Tilda de "incoherente" que el Gobierno "garantice la sostenibilidad de las entidades bancarias a costa de vulnerar los derechos de las personas".
"El Gobierno debe decidir si gobierna para promover el bienestar de la mayoría de la población y la protección de los más vulnerables, o bien para acatar las órdenes de una banca avariciosa", concluye un comunicado de la PAH, después de asegurar que seguirá luchando por la dación en pago y por la moratoria de los desahucios.
Fuente: PERIODISTA DIGITAL
Los afectados por embargo podrán así cancelar una mayor cantidad de su deuda con el banco una vez que se eleve el porcentaje "vergonzante" establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en palabras de Pere Macias, diputado de CiU encargado de anunciar el acuerdo.
El texto pide también acelerar la introducción de las subastas judiciales electrónicas, que complementen las presenciales con pujas a través de Internet "con el objetivo de aumentar el número potencial de licitadores, y por tanto las posibilidades de que la subasta no quede desierta".
No obstante, no contempla la posibilidad de que la entrega de la vivienda sirva para saldar una deuda hipotecaria en su totalidad, la llamada "dación en pago", como proponían CiU (a través de incentivos fiscales), IU-ICV-ERC y BNG.
La enmienda transaccional consecuencia del debate sobre el estado de la nación también insta al Gobierno a supervisar las condiciones para la concesión de créditos para evitar cláusulas abusivas, como las cláusulas suelo, que marca el interés mínimo que debe pagar el hipotecado incluso si el euríbor se sitúa por debajo.
Asimismo, propone el desarrollo de sistemas de mediación para que se puedan conceder créditos "con la única garantía del principio del bien hipotecado", en aplicación del artículo 140 de la ley hipotecaria, así como redefinir la línea ICO para moratoria de hipotecas.
Se eleva así la cantidad no embargable en estos procesos a 961 euros, es decir, sumando un 50 % al salario mínimo interprofesional (SMI), que es de 641 euros.
Este importe se incrementará un 30 % adicional del SMI por cada miembro del grupo que no disponga de ingresos propios regulares, lo que significaría que en el caso de que haya dos miembros en esta situación la cantidad ascendería a 1.350 euros.
Escepticismo en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha aplaudido el anuncio de medidas de protección ante el impago de hipotecas y ha considerado una "victoria" su debate y aprobación en el Congreso, "a pesar de las fuertes presiones ejercidas por las entidades financieras", aunque ha manifestado "escepticismo" ante su calado.La PAH considera que el aumento de la inembargabilidad del salario es "como querer parar una hemorragia aplicando una simple tirita". Adriá Alemany, economista y miembro de la Plataforma, explica que la medida es "insuficiente porque se continúa condenando de por vida a una persona, que después de la ejecución tiene que seguir pagando" por una vivienda que ya no le pertenece.
Como detalla este técnico financiero, la propuesta no resuelve el problema de los avalistas, que deben responder con sus propias viviendas a la deuda del hipotecado, ni el de las viviendas que se quedan vacías, ni el estigma sobre las familias con concidión de morosos, que permanece e impide el acceso a créditos o a contratos de alquiler.
Alemany critica el doble rasero que se emplea con las deudas de las familias y la de las empresas inmobiliarias. Tilda de "incoherente" que el Gobierno "garantice la sostenibilidad de las entidades bancarias a costa de vulnerar los derechos de las personas".
"El Gobierno debe decidir si gobierna para promover el bienestar de la mayoría de la población y la protección de los más vulnerables, o bien para acatar las órdenes de una banca avariciosa", concluye un comunicado de la PAH, después de asegurar que seguirá luchando por la dación en pago y por la moratoria de los desahucios.
Fuente: PERIODISTA DIGITAL
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