Opinión
‘El concepto de autonomía parece que ha perdido su sentido jurídico en algunos lugares de España. En Cataluña, por ejemplo. Autonomía no significa soberanía, por más que desde la Generalidad se lleve jugando a ser un Estado separado del resto de España’.
Habrá que ver si el Gobierno lleva al Congreso una ley que controle las cuentas públicas de las CCAA (y los ayuntamientos, supongo). Así lo ha manifestado el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, que, por cierto, no tiene carné del PP. Habrá que ver si el PP articula la norma. La decisión parece lógica: si la Unión Europea controla los presupuestos de los estados miembros, ¿cómo no lo van a hacer los gobiernos de estos estados respecto a sus administraciones interiores?
Además, el Tribunal Constitucional (TC) ya ha avalado una decisión de este tipo y ha recordado que el Gobierno puede limitar (con causa justificada) los presupuestos de las CCAA. ¿Alguien tiene alguna otra fórmula para que se cumpla lo pactado en la Unión Europea si no es controlando el gasto en todas las administraciones públicas? El TC, este verano pasado, ha dejado especificado y muy claro que la definición de estabilidad presupuestaria se configura como una ‘orientación de política general que el Estado puede dictar’. Es decir, la autonomía financiera de las CCAA ‘no excluye la existencia de controles, incluso específicos’ por parte del Gobierno.
El PP, por lo tanto, puede llevar a cabo una reforma financiera que no solo parece lógica sino que cumpliría con lo recogido en los artículos 149.1.1 y 149.1.13 de la Constitución, que establecen como competencia exclusiva del Ejecutivo garantizar la igualdad entre los españoles y la coordinación de la ‘planificación general de la actividad económica’; y no vulneraría el 156.1, que concreta la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas.
Y es que el concepto de autonomía parece que ha perdido su sentido jurídico en algunos lugares de España. En Cataluña, por ejemplo. Autonomía no significa soberanía, por más que desde la Generalidad se lleve jugando a ser un Estado separado del resto de España. Esta diferencia la ha explicado perfectamente el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en dos sentencias referidas al incumplimiento de normas nacionales en ayuntamientos del País Vasco.
Ante la decisión de un alcalde de retirar el retrato del Rey de la sala de plenos de un ayuntamiento, así como la de no colgar la bandera de España en la fachada del consistorio, el TSJPV, en dos sentencias (de 2008 y 2010, haciendo mención a otra del Tribunal Constitucional de 1981), ha recordado que la ‘autonomía local’, que está ‘consagrada constitucional y legalmente’, nunca es expresión de ‘soberanía’ y ‘sí alusiva a unos poderes limitados’.
Es decir, que dicha autonomía ‘no se garantiza para incidir en otros intereses generales o particulares distintos de los propios de la entidad local’; algo que afecta exactamente por igual a los gobiernos de las CCAA respecto a las Cortes Generales, ya que la autonomía local es ‘cualitativamente inferior’ a la autonomía de que gozan, entre otros poderes, las CCAA.
Visto así, y hay que recordar que todas las leyes se pueden cambiar, pero en las cámaras parlamentarias que corresponde, algunos en Cataluña deberían preguntar a las formaciones políticas nacionalistas (y a sus alargados y nobles brazos mediáticos) por qué han estado engañándonos tantos años. ¿Por qué han estado jugando como si el Parlamento autonómico fuera soberano? ¿Por qué dedican el tiempo a mociones, comisiones e interpelaciones parlamentarias sobre temas que no tienen nada que ver con las competencias que ostentan?
La frustración, para esa parte de la población que les ha creído, va a ser tremenda. Algunos incluso se creían que mañana mismo Cataluña tendría hasta su propio Ejército, o su propia moneda. Según parece, eso es a lo que aspiran los políticos nacionalistas (que no creen ni la mitad de lo que pregonan): tensar la cuerda civil y social al máximo para ver si a río revuelto pescan algo. A los crédulos y seguidores de esta fe más les valdría que pidieran cuentas a los papas catalanes del Palmar.
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