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(Primero de una serie)
La historia del ascenso, la declinación y, en el futuro, la posible reelección de Barack Obama en Estados Unidos tiene que ver con la relación especial que mantiene con los bancos de Wall Street —desde sus tiempos en Chicago, como político local—.
En México, la influencia de los bancos (de propiedad estadunidense y española, principalmente) en la política nacional no es menor. Tienen, en muchos campos, poder de veto —por lo menos—. En Estados Unidos detuvieron el nombramiento de Elizabeth Warden en la nueva comisión de protección de los usuarios de servicios financieros. Aquí, le ponen límites constantes a nuestra propia Condusef.
Los ejemplos abundan de cómo la Condusef no cumple con los propios principios rectores que el gobierno del presidente Calderón promueve a nivel mundial (G-20), o siquiera cumple con sus obligaciones legales en defensa del usuario. (Aquí abordaremos casos concretos para medir la eficacia de los órganos encargados de la regulación del sistema bancario.)
Opacidad en los servicios bancarios
La lista de abusos que quedan impunes en la provisión de servicios bancarios (tarjetas de crédito, costo de los servicios, falta de transparencia, márgenes de utilidades, etc.) se actualizan, significativamente, en la coyuntura política actual. El gobierno mexicano será anfitrión del Grupo de Países Desarrollados (G-20) próximamente —y el tema de los efectos y causas de la(s) crisis financieras globales, desde la hipotecaria de Estados Unidos hasta la europea actual, ocupa un lugar central en la agenda. Y México busca aportar de manera propositiva a la discusión global.
Apenas hace unos días, entre el 14 y 15 de octubre pasado y a propuesta del G-20, nuestro país suscribió en el marco de la OECD, un documento intitulado “Principios de Alto Nivel para la Protección de los Consumidores de Servicios Financieros”. Ahora México, a través del subsecretario de Hacienda, Gerardo Rodríguez, impulsa una iniciativa sin precedentes: la creación de una nueva agencia internacional para la protección de los usuarios de los servicios financieros.
¿Qué implicaciones tienen estos nuevos compromisos para nuestro país, y la clase media usuaria de los bancos Banamex-Citibank, BBVA-Bancomer, HSBC, Santander, Banorte? En especial cuando aquí, en México, los derechos de los usuarios de los servicios financieros están muy lejos ser garantizados. No, por lo menos, en el marco de las leyes vigentes que obligan al Banco de México, la Secretaría de Hacienda y, principalmente, Condusef.
¿Protección del usuario?
Veamos. De los diez principios que se desarrollan en el documento de la OECD, recién suscrito por México, como “principios de alto nivel para la protección de los usuarios de servicios financieros”, nuestro país tendría problemas para acreditar varios de ellos. Empezando por los más elementales como, por ejemplo, la garantía de contar con procesos de manejo de quejas que sean asequibles, accesibles, independientes, justos, efectivos, y sobre todo, expeditos y oportunos en tiempo.
Características todas ellas, que no se ven reflejadas en las experiencias de los ciudadanos que deciden acudir a la Condusef. Ya en las siguientes entregas, se reproducirán testimonios directos (basados en expedientes jurídicos) de usuarios decepcionados en la interpretación y aplicación de la ley por parte de las autoridades regulatorias del sistema bancario. Igualmente, se analizará el desempeño del sistema mexicano de protección de los derechos de los usuarios de los servicios financieros y la Condusef, de cara a estos principios y compromisos internacionales recién adquiridos.
En vísperas de la reunión del G-20, y la discusión global sobre la protección de la clase media afectada por la política de los bancos —desde California hasta Atenas, pasando por Irlanda, Italia y España— en el caso de México corre el riesgo de aparecer como “candil en la calle y oscuridad en la casa”. (Continuará)
emilio.zebadua@hotmail.com
Fuente: LA CRÓNICA DE HOY |
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